La crisis económica nacional continúa teniendo un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias pampeanas y uno de los efectos más visibles se registra en el sistema de viviendas sociales.
El Instituto Autárquico de Vivienda (IPAV) confirmó que durante el último año el nivel de morosidad en el pago de las cuotas se profundizó de manera significativa, con una caída del 20% en la cantidad de boletas abonadas, una situación que compromete seriamente el funcionamiento del sistema solidario de recupero.
El gerente contable del organismo, José Garré, explicó que la medición se realiza en función del número de cuotas efectivamente pagadas y no del monto recaudado, ya que los valores se actualizan mensualmente de acuerdo con los índices vigentes. “La baja es clara y sostenida. No es un dato aislado de un mes puntual, sino una tendencia que se viene profundizando en el último año”, señaló el funcionario.
Según Garré, el contexto económico general explica gran parte de la problemática. La pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral afectan directamente la capacidad de pago de los adjudicatarios. En ese sentido, destacó que muchas familias mantienen un alto grado de compromiso con la vivienda que les fue otorgada: “Hay beneficiarios que se acercan al IPAV, consultan, explican su situación y buscan alternativas cuando no pueden pagar. Eso demuestra responsabilidad, pero los números igualmente son preocupantes”.
Un sistema en tensión
El sistema de recupero de cuotas es un pilar fundamental para la política habitacional provincial, ya que permite reinvertir esos fondos en la construcción de nuevas viviendas en distintas localidades. La caída en la recaudación genera una tensión creciente, especialmente en un contexto donde el financiamiento nacional está prácticamente paralizado.
“Es de público conocimiento que no estamos recibiendo fondos de Nación para viviendas”, remarcó Garré. “Hoy la Provincia está sosteniendo la política habitacional con recursos propios, y el recupero de las cuotas es clave porque se destina directamente a nuevas obras en todo el territorio pampeano”.
Desadjudicaciones en aumento
El incumplimiento en el pago de las cuotas tiene consecuencias administrativas severas. Garré detalló que, a partir de la cuarta cuota impaga, el adjudicatario ingresa formalmente en situación de mora y se inicia un expediente por irregularidad. Este proceso incluye distintas instancias administrativas y notificaciones, pero si no se logra una regularización, puede finalizar con la desadjudicación de la vivienda.
“Estamos desadjudicando alrededor de ocho viviendas por mes”, afirmó el gerente contable, al tiempo que subrayó que el recupero de esas unidades es constante. Las viviendas que vuelven al IPAV pasan a un proceso de reasignación, lo que implica nuevos trámites y costos administrativos, además del impacto social que representa la pérdida de una casa para una familia.
Beneficios vigentes y facilidades de pago
Con el objetivo de aliviar la situación de los sectores más vulnerables y sostener el sistema, el IPAV recordó que continúan vigentes distintos beneficios y herramientas para los adjudicatarios. Entre ellos, se mantiene la exención del pago de la cuota por 12 meses para jubilados y pensionados, un beneficio que se puede gestionar de manera online y que estará disponible hasta el mes de septiembre.
Además, se habilitó una nueva modalidad de cancelación anticipada, que permite adelantar cuotas o incluso saldar la deuda total de la vivienda. Esta opción tuvo una respuesta positiva: ya se registraron más de 60 solicitudes y alrededor de 30 cancelaciones efectivas. Para quienes logran completar el pago total, este paso habilita el inicio del trámite para obtener la escritura definitiva del inmueble, un objetivo largamente esperado por muchas familias.
Un escenario complejo
Desde el IPAV insisten en la importancia de que los adjudicatarios se acerquen al organismo ante cualquier dificultad para cumplir con el pago. “Siempre es mejor consultar y buscar alternativas antes de llegar a la mora”, remarcan desde la institución. Sin embargo, reconocen que el escenario económico actual limita las posibilidades de muchas familias, lo que obliga al Estado provincial a redoblar esfuerzos para sostener una política habitacional que, sin apoyo nacional, depende cada vez más del esfuerzo colectivo y del cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios.
