El Gobierno de Santa Cruz formalizó la reglamentación de la Ley número 3820 de Discapacidad, con el objetivo de poner en funcionamiento el marco operativo necesario para garantizar su aplicación en toda la provincia.
La medida busca fortalecer las políticas públicas, establecer responsabilidades concretas y definir los recursos necesarios para atender a personas con discapacidad y sus familias.
El acto se realizó en la Sala de Situación “Gobernador Juan Manuel Gregores” de Casa de Gobierno y fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa.
Durante la presentación, las autoridades remarcaron que la reglamentación fue elaborada mediante un trabajo conjunto entre el Estado provincial, organizaciones, asociaciones y familias. El objetivo, señalaron, es avanzar desde la norma hacia una implementación concreta en las distintas localidades santacruceñas.
Georgion destacó además la necesidad de acompañar la normativa con presupuesto. “No somos relatos, venimos a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer”, afirmó, y sostuvo que la política social debe superar una lógica exclusivamente asistencial para avanzar hacia cambios institucionales permanentes.
Por su parte, Quiroga informó que durante 2026 se destinaron alrededor de 900 millones de pesos a situaciones especiales y al área de discapacidad. Según explicó, se trata de uno de los sectores que más recursos demanda debido a que la atención alcanza a niños, adolescentes, adultos y sus respectivas familias.
La reglamentación establece así las bases para llevar la Ley número 3820 a la práctica y ordenar las políticas provinciales vinculadas con discapacidad. El desafío ahora será garantizar que las herramientas y recursos definidos tengan aplicación efectiva en todo el territorio de Santa Cruz.
