La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó un reclamo ante la Secretaría de Transporte de la Nación contra el esquema de tasas implementado en el partido bonaerense de Ramallo, al que calificó como un “peaje municipal encubierto”.
El planteo está vinculado con el sistema previsto para el denominado Acceso Sánchez, correspondiente al ex Camino Provincial Ruta 87, un corredor de aproximadamente 5,1 kilómetros que une la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
Cuestionan los valores previstos
Según FADEEAC, la normativa municipal establece un cobro de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico, mientras que el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento tendría un costo adicional de $25.000, mediante un dispositivo electrónico TAG.
La Federación sostuvo que, de aplicarse esos valores, el costo por kilómetro resultaría 120% superior al del peaje del complejo Zárate-Brazo Largo.
A esto se suma una tasa del 2% sobre cada litro de combustible, que, de acuerdo con la entidad empresaria, el municipio percibe en las estaciones de servicio de la localidad desde enero.
La implementación de los pórticos tecnológicos fue adjudicada por el municipio a Plus Byte S.R.L., a través de la Licitación Pública 3/25.
FADEEAC advierte sobre el impacto en el transporte
El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, cuestionó el alcance del sistema y planteó que podría generar un efecto que exceda al propio municipio.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, afirmó Sanz, quien advirtió que la extensión de este tipo de mecanismos podría afectar los márgenes de las empresas de transporte y aumentar los costos del comercio y las exportaciones.
La entidad sostiene además que el esquema podría configurar una doble imposición tributaria y plantea cuestionamientos constitucionales. En su presentación, FADEEAC invocó la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley Nacional de Combustibles 23.966.
En ese marco, solicitó al Ministerio de Economía que impulse ante la Justicia una medida cautelar para suspender el sistema y reclamó también la derogación de la ordenanza municipal.
Empresas estiman un fuerte impacto económico
La discusión también involucra a empresas de transporte e industrias de la región. Más de un centenar de firmas expresaron su preocupación mediante una carta dirigida a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
Según las empresas, el costo anual del gravamen podría alcanzar entre $100 millones y $500 millones por compañía, dependiendo del nivel de utilización del corredor y de las operaciones alcanzadas.
Las firmas también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se apliquen multas o decomisos de mercadería a los vehículos que no adhieran al sistema.
El planteo empresarial apunta, además, al precedente que podría generar el mecanismo. Las compañías advirtieron sobre la eventual creación de una red de cargas económicas municipales superpuestas que, según su posición, podría incrementar los costos logísticos y afectar la circulación de mercaderías.
El conflicto quedó así planteado entre el municipio, que impulsa el esquema sobre el acceso estratégico a la zona industrial y portuaria, y las entidades empresarias del transporte y la industria, que reclaman su suspensión y cuestionan su encuadre legal.
