Con el riesgo país nuevamente por encima de los 500 puntos básicos y sin emisiones internacionales previstas para lo que resta de 2026 ni para 2027, plantean que la Argentina debe buscar una salida dentro del equilibrio fiscal.
La propuesta apunta a utilizar activos del Estado para financiar infraestructura y poner en marcha la capacidad industrial ociosa.
La Argentina enfrenta una restricción que condiciona cualquier estrategia económica: hoy no tiene acceso al financiamiento internacional en condiciones sostenibles. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y el propio programa financiero oficial descarta emisiones internacionales para lo que resta de 2026 y durante 2027.
En ese escenario, cualquier programa que pretenda financiar un déficit mediante nueva deuda encuentra un límite antes de comenzar. Por eso, la propuesta es avanzar dentro del equilibrio fiscal, al menos hasta que el país pueda recuperar el acceso al financiamiento y establecer reglas claras de responsabilidad fiscal.
Pero, según este diagnóstico, el margen de acción es mucho mayor del que actualmente reconoce el debate económico.
El planteo sostiene que el Estado dispone de activos que pueden ser movilizados y que, al mismo tiempo, existe una enorme capacidad productiva instalada que permanece ociosa. El problema, advierte, es que el Gobierno no estaría utilizando esas herramientas debido a una decisión ideológica.
Obra pública: infraestructura deteriorada y capacidad industrial parada
El primer eje de la propuesta es reactivar la obra pública.
El Presupuesto 2026 destina alrededor del 0,4% del PBI a infraestructura, mientras que el promedio latinoamericano se ubica entre el 2% y el 2,5%. Para países que buscan desarrollarse, el Banco Mundial señala niveles de inversión en infraestructura de entre el 4% y el 6%.
El diagnóstico es contundente: la Argentina está consumiendo su stock de capital público.
Rutas, ferrocarriles, redes de agua y sistemas eléctricos sufren deterioro, mientras sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro dependen de una infraestructura que, en muchos casos, resulta insuficiente.
El problema no sería solamente de infraestructura. La falta de obra también golpea directamente a la actividad económica.
La construcción tiene uno de los multiplicadores más elevados de la economía, estimado entre 1,8 y 2,5, y arrastra a una extensa cadena de proveedores.
Los números de la industria muestran el nivel de capacidad desaprovechada: en junio, la utilización de la capacidad instalada industrial fue del 59,1%, mientras que en la industria metalmecánica cayó hasta apenas 41,5%.
En otras palabras, hay fábricas que tienen capacidad para producir pero no tienen demanda suficiente para hacerlo.
La reactivación de infraestructura permitiría, según el planteo, generar empleo rápidamente y utilizar parte de esa capacidad instalada sin provocar una presión significativa sobre los precios.
La propuesta: vender las acciones de ANSES
La pregunta central es cómo financiar las obras sin recurrir a nueva deuda.
La respuesta propuesta apunta directamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que mantiene participaciones accionarias en empresas privadas argentinas valuadas en alrededor de US$ 12.000 millones.
Ese paquete accionario fue incorporado al Estado tras la estatización del sistema de AFJP en 2008. Durante años se sostuvo que la participación estatal en grandes compañías podía utilizarse como una herramienta para influir sobre sus decisiones de inversión, exportaciones y desarrollo productivo.
Sin embargo, el planteo sostiene que ese objetivo nunca se concretó.
La presencia de directores estatales en los directorios y la participación en las asambleas no habría permitido orientar inversiones relevantes, modificar el perfil exportador de las compañías ni generar los encadenamientos productivos esperados.
Además, se cuestiona la rentabilidad obtenida con esos activos.
Según la comparación planteada, si ANSES hubiese vendido esas participaciones en 2010, luego de la crisis financiera internacional, e invertido los fondos en mercados accionarios internacionales, el valor del patrimonio podría haber sido aproximadamente tres veces superior.
La conclusión de esta mirada es tajante: el paquete accionario debería venderse y utilizarse para financiar infraestructura.
Los recursos representarían cerca del 2% del PBI y permitirían generar un fondo inicial para impulsar obras sin incrementar el stock de deuda ni deteriorar el resultado fiscal.
La operación implicaría, en esta visión, cambiar la composición de los activos estatales: salir de una tenencia financiera considerada de baja rentabilidad y convertirla en capital físico con un retorno económico y productivo verificable.
El segundo desafío: que la industria argentina abastezca al boom energético y minero
El segundo eje apunta a una cuestión que aparece cada vez con mayor fuerza: Argentina tiene sectores exportadores en expansión, pero buena parte de los insumos y equipos necesarios para esos proyectos se importan.
La propuesta es reconvertir a las ramas industriales más golpeadas para convertirlas en proveedoras de la energía y la minería.
Los datos muestran el tamaño de la oportunidad.
Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho vehículos de proyecto importaron bienes por US$ 284 millones. El 87% correspondió al núcleo metalúrgico: tanques, cisternas, equipos de filtrado y maquinaria.
El punto crítico es que una parte importante de esos productos también puede fabricarse en Argentina.
Mientras los proyectos energéticos y mineros avanzan, las metalúrgicas vinculadas a la minería registraron una caída interanual del 6,4% en julio, mientras que las relacionadas con petróleo y gas retrocedieron 4,4%.
La contradicción queda expuesta: el país busca aumentar sus exportaciones energéticas y mineras mientras su industria pierde producción y los proyectos compran en el exterior bienes que podrían fabricarse localmente.
Proveedores, crédito y contenido local
La solución propuesta no pasa necesariamente por grandes desembolsos fiscales.
El planteo apunta a una política industrial selectiva basada en desarrollo de proveedores, homologación de estándares, certificaciones y fondos de garantía para pequeñas y medianas empresas.
También propone fomentar uniones transitorias de empresas para que las firmas locales puedan responder a grandes contratos, fortalecer la articulación con escuelas técnicas y establecer reglas de contenido local que efectivamente se cumplan.
El costo fiscal de estas medidas sería, según esta visión, marginal.
Lo que se necesita sería principalmente coordinación, información y decisión política.
A esto se suma la agenda regional. Brasil aparece como el principal socio potencial para profundizar la complementación productiva en sectores como automotriz, autopartes y bienes de capital.
A su vez, el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría definir buena parte de la especialización productiva argentina durante los próximos años.
El problema que también golpea al equilibrio fiscal
El planteo incorpora una advertencia dirigida directamente a quienes priorizan exclusivamente el resultado de las cuentas públicas.
La recesión también tiene un costo fiscal.
Cuando cae la actividad económica, disminuye la recaudación. Y cuando baja la recaudación, mantener el equilibrio fiscal se vuelve progresivamente más difícil.
Por eso, la propuesta cuestiona la idea de que cualquier reducción del gasto público es necesariamente favorable para la sostenibilidad fiscal.
El argumento es que un superávit obtenido a costa de destruir infraestructura, capacidad industrial y empleo puede terminar debilitando las propias bases que sostienen la recaudación.
La conclusión es que el equilibrio fiscal no debería ser entendido únicamente como una cuestión contable, sino también como el resultado de una economía capaz de producir, invertir y generar empleo.
La apuesta, en definitiva, es utilizar activos que hoy permanecen inmovilizados y capacidad productiva que está parada para impulsar infraestructura, industria y empleo sin recurrir a un nuevo ciclo de endeudamiento.
En un país sin acceso pleno al crédito internacional, el desafío no pasa solamente por gastar menos: también pasa por decidir qué activos se conservan, cuáles se movilizan y qué capacidad productiva se quiere recuperar.
