El Ente de Políticas Socializadoras realizó una nueva reunión interinstitucional para analizar el funcionamiento de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal y avanzar en estrategias de intervención y reinserción social.
El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones del Ministerio de Seguridad y Justicia y fue organizado por la Coordinación de la Unidad de Abordaje. La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Fernando Funes; el director de Coordinación de la Unidad de Abordaje, Maximiliano Bassi; y la subdirectora de la Unidad, Yanina Mustafá.
El Ente de Políticas Socializadoras es un espacio interinstitucional creado por la Ley Provincial N° 2831 y modificado posteriormente por la Ley N° 3504. Está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, con el objetivo de abordar políticas vinculadas a personas en conflicto con la ley penal.
Durante la jornada se presentó un informe sobre el estado de situación y la organización actual de la Unidad de Abordaje, que incluyó un análisis de sus distintas sedes, los recursos humanos y materiales disponibles, la distribución de las cargas de trabajo y el proceso de reorganización de los equipos profesionales.
También se analizaron los avances y las proyecciones de las principales líneas de intervención desarrolladas durante 2026. Entre ellas se encuentran el Programa de Pre-Libertad y Régimen Preparatorio para la Liberación, las propuestas de reinserción sociolaboral y el Taller de Emprendedurismo en contexto de encierro.
Otro de los ejes estuvo relacionado con los dispositivos destinados a personas condenadas por siniestros viales, situaciones de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. En este último campo se abordó además la proyección de un nuevo dispositivo específico sobre masculinidades.
Asimismo, se presentó una experiencia piloto de articulación interministerial dirigida a personas que transitan el instituto de libertad asistida y una nueva línea de intervención destinada a mujeres condenadas por situaciones de maltrato infantil.
La reunión permitió evaluar las intervenciones desarrolladas por la Unidad a partir de información cuantitativa y cualitativa y detectar problemáticas emergentes. Entre las principales demandas identificadas se encuentran las vinculadas con condenas por delitos contra la integridad sexual y las necesidades socioeconómicas de las personas que se encuentran bajo supervisión.
En materia de salud mental, se trabajó sobre los tratamientos psicológicos y los dispositivos psicosocioeducativos implementados en el marco de la ejecución penal. El objetivo es diferenciar las situaciones que requieren una intervención clínica de aquellas que pueden ser abordadas mediante estrategias psico-socio-educativas, además de establecer criterios de articulación con el sistema de Salud.
Finalmente, se analizaron aspectos vinculados con niñez y adolescencia, particularmente los criterios de articulación entre la Unidad de Abordaje y los equipos especializados que intervienen en procesos de revinculación familiar. En este sentido, se consideraron especialmente las situaciones en las que personas bajo supervisión participan simultáneamente de dichos procesos.
Del encuentro participaron representantes de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social; integrantes del Poder Judicial, entre ellos representantes del Superior Tribunal de Justicia y defensores; y legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados provincial.
