El subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, reconoció que las organizaciones sociales atraviesan “momentos complicados para el trabajo colectivo” y dio a conocer datos concretos sobre el respaldo y el acompañamiento que el Estado provincial brinda a asociaciones civiles, fundaciones y sociedades que desarrollan su actividad en La Pampa.
En ese marco, la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio informó que durante el año 2025 intervino en un total de 3.362 expedientes vinculados a entidades de bien público, sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones que funcionan en distintos puntos de la provincia. Este volumen de actuaciones refleja tanto la magnitud del entramado institucional pampeano como la intensa tarea administrativa, técnica y de asesoramiento que lleva adelante el organismo.
Entre las principales intervenciones realizadas por el personal de Personas Jurídicas —dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales— se destacan 598 expedientes correspondientes a Asambleas Ordinarias de Asociaciones Civiles, un número significativo que evidencia el movimiento interno y la necesidad de regularización permanente de clubes, bibliotecas populares, cooperadoras, centros comunitarios y otras organizaciones sin fines de lucro. A su vez, se tramitaron 398 expedientes vinculados a sociedades, lo que incluye constituciones, modificaciones estatutarias, renovaciones de autoridades y otros actos esenciales para el normal desenvolvimiento de la actividad económica privada.
Boleas subrayó que, pese al contexto adverso que atraviesan muchas instituciones, “durante 2025 se continuó con un importante trabajo territorial, de presencia y acompañamiento con cada institución”. En ese sentido, remarcó que el rol del Estado provincial no se limita a una función meramente administrativa, sino que busca estar cerca de las organizaciones, asesorarlas y facilitarles las herramientas necesarias para que puedan sostener su funcionamiento.
“Son momentos complicados para el trabajo colectivo”, afirmó el subsecretario, aludiendo a las dificultades económicas y sociales que impactan de lleno en las entidades intermedias. Sin embargo, destacó que tanto desde el Registro de Entidades de Bien Público como desde la Dirección de Personas Jurídicas “damos respuestas y apuntalamos a cada entidad para que pueda funcionar”, enfatizando que en muchas localidades estas organizaciones “son el verdadero motor social de cada comunidad”, ya que cumplen un rol clave en la contención, la participación ciudadana y el desarrollo local.
Por su parte, el director general del área, Guillermo Rubano, explicó que los meses de febrero y marzo concentran una gran parte del trabajo del organismo, ya que es el período en el que la mayoría de las instituciones realiza sus asambleas anuales, renovaciones de autoridades, presentación de balances y actualización de documentación obligatoria. “Para eso estamos presentes y asesorando cada paso”, indicó Rubano, y resaltó que mantener la situación institucional en regla es fundamental para que las entidades puedan funcionar normalmente, acceder a programas de apoyo, recibir subsidios y participar de distintas iniciativas públicas.
“Desde el Estado provincial estamos para apoyar y colaborar en todo lo que necesiten”, agregó el funcionario, destacando la importancia de un acompañamiento cercano y permanente, especialmente para aquellas organizaciones que cuentan con estructuras pequeñas y con dirigentes que muchas veces trabajan de manera voluntaria.
La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio cumple una función estratégica en la vida institucional de La Pampa. Entre sus principales responsabilidades se encuentran fiscalizar, autorizar e inscribir la creación, modificación y disolución de personas jurídicas, como sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones; llevar el registro público de estos actos y de los comercios; brindar información y asistencia técnica para el cumplimiento de las normas vigentes; y garantizar la transparencia y legalidad en el funcionamiento de estos entes.
Este rol resulta clave no solo para la seguridad jurídica, sino también para el fortalecimiento del tejido social y económico pampeano, ya que asegura que las organizaciones puedan desarrollarse dentro de un marco legal claro, ordenado y confiable, contribuyendo así al crecimiento y la cohesión de las comunidades en toda la provincia.
