El Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos prevé duplicar las camas de internación, sumar 30 profesionales y ejecutar ocho obras estratégicas. También habrá una mesa intersectorial de seguimiento que se reunirá mensualmente y presentará un informe anual ante la Cámara de Diputados.
El Gobierno de La Pampa puso en marcha el Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, una iniciativa que busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas de prevención y abordaje comunitario.
El subsecretario de Salud Mental de la provincia, Martín Malgá, explicó los principales alcances del programa, que se desarrollará durante los dos años de vigencia de la Ley de Emergencia en Salud Mental, con posibilidad de una prórroga por otros dos años.
La iniciativa contempla una inversión de $12.000 millones en infraestructura, la incorporación de 30 nuevos profesionales y un fuerte refuerzo de los dispositivos territoriales. Entre sus principales objetivos aparece la ampliación de las camas de internación, la construcción de centros de día y una mayor articulación entre Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Cultura y otras áreas del Estado.
Según explicó Malgá, el plan se estructura sobre cuatro pilares, entre ellos las obras públicas y el desarrollo de programas interministeriales destinados a intervenir sobre las distintas dimensiones que atraviesan la salud mental.
Ocho obras para ampliar la red de atención
Uno de los ejes centrales será la ejecución de ocho obras estratégicas en distintos puntos de la provincia.
En los hospitales de referencia de General Pico, Santa Rosa y General Acha se realizarán ampliaciones y refacciones. Las intervenciones alcanzarán al Hospital Gobernador Centeno, el Hospital Molas-Favaloro y el Hospital Padre Buodo.
Las obras permitirán generar espacios específicos para la internación de adolescentes y prácticamente duplicar la capacidad provincial, que pasará de unas 40 camas disponibles actualmente a aproximadamente 80.
A este esquema se sumará la construcción de cinco centros de día, destinados a ofrecer abordajes ambulatorios intensivos mediante talleres, dinámicas grupales y acompañamiento familiar durante media jornada.
Los nuevos dispositivos estarán ubicados en 25 de Mayo, Guatraché, General Acha, Victorica y General Pico.
Santa Rosa no fue incluida en esta etapa debido a la reciente puesta en funcionamiento de Casa Joven y a la existencia del Hospital Comunitario Asistencial “La Mola”, ubicado sobre calle Autonomista.
Más profesionales y teleconsultas ante la falta de psiquiatras
La ampliación de la infraestructura estará acompañada por la incorporación de 30 profesionales, entre psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.
La falta de especialistas, particularmente de psiquiatras, llevó además a implementar un sistema de teleconsulta. El dispositivo permite que profesionales matriculados en la provincia atiendan de manera remota a pacientes estables que necesitan controles de medicación.
Las consultas se realizan desde los establecimientos locales, con acompañamiento presencial de personal administrativo y de psicología.
De acuerdo con Malgá, durante las primeras dos semanas de funcionamiento se atendieron entre 40 y 50 turnos que se encontraban en lista de espera, una experiencia que apunta a ampliar la cobertura frente a la escasez de especialistas.
Una política que busca salir de las fronteras de Salud
El plan plantea que la salud mental no puede ser abordada exclusivamente desde los hospitales y consultorios. Por eso, uno de sus principales componentes es la articulación entre diferentes organismos del Estado.
En Educación, se prevé capacitar a jóvenes para que actúen como facilitadores y puedan orientar a sus pares hacia los dispositivos de atención. También se profundizarán las capacitaciones para docentes y equipos técnicos en prevención del suicidio, consumos problemáticos y consumos digitales.
En Seguridad, se implementará una guía específica para situaciones de urgencia en salud mental, con el objetivo de coordinar la intervención entre el Servicio de Emergencias Médicas y la Policía provincial bajo una perspectiva de derechos humanos.
El área de Desarrollo Social y Niñez trabajará junto a programas como Después de Hora y ProVida, además de equipos especializados que realizan intervenciones territoriales en barrios populares.
Por su parte, Juventud y Cultura tendrán participación en festivales y fiestas populares mediante acciones de prevención, concientización y puestos de hidratación.
Apuestas y consumos digitales, una preocupación creciente
Uno de los aspectos que el funcionario identificó como especialmente preocupante es el crecimiento de los consumos vinculados con los entornos digitales entre adolescentes y jóvenes.
Malgá señaló que el 23% de los jóvenes en edad escolar manifestó haber participado durante el último año en sitios o lugares donde se apuesta, tanto de manera virtual como presencial. Según indicó, la problemática presenta una mayor incidencia entre los varones.
El funcionario vinculó este fenómeno con transformaciones sociales más amplias y sostuvo que la discusión sobre salud mental debe exceder la respuesta estrictamente sanitaria.
“La salud mental no se reduce a una estrategia sanitaria”, planteó Malgá, al advertir que las políticas públicas también deben interrogarse sobre el modelo de sociedad y los vínculos que se están construyendo.
En ese sentido, reivindicó el cuidado, la solidaridad y la construcción de vínculos comunitarios como herramientas de prevención frente al individualismo y el consumismo.
Una mesa de seguimiento para controlar el cumplimiento del plan
La Ley de Emergencia también incorpora un mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas implementadas.
La Mesa de Seguimiento estará integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Consejo Provincial de Niñez, la Cámara de Diputados, los municipios y adolescentes.
El organismo tendrá reuniones mensuales para monitorear la implementación del plan, evaluar los resultados y ajustar las acciones cuando sea necesario.
Además, los avances deberán quedar plasmados en un informe anual que será presentado ante la Cámara de Diputados, un mecanismo que busca aportar transparencia y permitir el control sobre el cumplimiento de las metas fijadas.
El desafío, ahora, será transformar la declaración de emergencia en resultados concretos: más capacidad de atención, mayor presencia territorial y una respuesta preventiva frente a problemáticas que, como las apuestas y los consumos digitales, avanzan mucho más rápido que las estructuras tradicionales de asistencia.
