El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó, durante su última sesión, una ordenanza vinculada a la ética en la función pública, una iniciativa impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical que previamente fue analizada y trabajada en las distintas comisiones legislativas.
La normativa establece un marco regulatorio destinado a fijar principios, deberes, obligaciones e incompatibilidades para todos los funcionarios y agentes que se desempeñen dentro de la administración pública municipal, independientemente del cargo que ocupen o de la modalidad mediante la cual hayan sido designados.
Desde el bloque impulsor señalaron que uno de los principales objetivos de la ordenanza es fortalecer la transparencia en la gestión pública y promover estándares éticos más rigurosos en el ejercicio de las funciones estatales.
Entre los aspectos más destacados de la nueva reglamentación se encuentra la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, la regulación de situaciones que puedan generar conflictos de intereses, la prohibición de recibir beneficios indebidos vinculados al desempeño de cargos públicos y la incorporación de mecanismos orientados a garantizar un mayor acceso a la información pública.
Asimismo, la ordenanza contempla requisitos relacionados con la condición de deudor alimentario y antecedentes vinculados a hechos de violencia de género o familiar, incorporando estos criterios dentro de los parámetros exigidos para el ejercicio de funciones públicas.
Con esta aprobación, el cuerpo deliberativo avanzó en la implementación de herramientas destinadas a reforzar los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad dentro de la administración municipal.
